¿Exigir tarjetas de vacunación confronta derechos fundamentales? Abogados opinan

Santo Domingo, RD.-  Tras el levantamiento del estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública adoptó la Resolución No. 000048, que entre otras medidas, exige la tarjeta de vacunación a la población mayor de 12 años para asistir a lugares públicos, privados y acceder a los distintos medios de transporte público.

Con esta medida, derechos como el libre tránsito, libertad de reunión y asociación estarán limitados por la presentación de un reporte de inoculación. Esta decisión, sin un estado de excepción de por medio, provoca un choque de derechos fundamentales, coincidieron expertos en derecho.

Para el abogado constitucionalista Francisco Álvarez, salvaguardar el derecho a la salud prevalece sobre el derecho al libre tránsito, por lo que consideró como constitucional la decisión del organismo rector de la Salud en la República Dominicana.

Para el jurista Cristóbal Rodríguez, la resolución se aplicó en buen derecho: “Es constitucional imponer restricciones a aquellas personas que no se vacunen, el Estado tiene las prerrogativas de imponer la vacunación y disponer medidas restrictivas a las personas que se rehúsen a vacunarse”.

El abogado Julio Cury opinó lo contrario. Para Cury, el organismo se desbordó de sus límites al indicar que en la legislación dominicana no hay una normativa que obligue a presentar un récord de vacunación para desplazarse.

“Esa resolución se lleva de paso el principio de legalidad previsto en el artículo 40.15 constitucional: ‘A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe’. Se trata de una actuación administrativa que, aunque se presume válida y es ejecutoria por disposición de los artículos 10 y 11 de la ley número 107-13, es violatoria de los principios de juridicidad y ejercicio normativo del poder, sin importar que lo haya hecho en interés general”.