CARD reclama 4.10% Presupuesto sea asignado para sector justicia
Con ese propósito depósito un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y sometió en el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo contra del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
El recurso de amparo fue depositado por decenas de miembros del gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, equipos, personal, infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad, lo que dificulta su operatividad.
Surun Hernández explicó que la Ley 194-04 establece que la justicia debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República.
Denunció que “las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen.
Agregó que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.
Agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años».
Asimismo valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21, por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.
Anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
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