Miriam Germán: el Ministerio Público no trabaja para “buscar aprobación social”

Santo Domingo, RD.-  La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, planteó este que el Ministerio Público ejecuta su trabajo sin “buscar la aprobación social”, sino para asegurar una aplicación justa de la ley basado en el respeto a los derechos humanos.

“No es nuestro deber buscar aprobación social ante la investigación y persecución de los crímenes, sino garantizar transparencia y efectividad sin violentar los derechos humanos y la dignidad de las personas”, acotó.

La funcionaria hizo el planteamiento al dictar la conferencia “Las funciones vitales del Ministerio Público desde el punto de vista de un Estado Social y Democrático de Derecho”, en la Universidad Iberoamericana (Unibe), este lunes. El documento completo está colgado en la página web de la Procuraduría General de la República.

Planteó que desde el Ministerio Público se puede hacer un buen trabajo en materia de una persecución penal menos enfocada en el caso a caso, siempre y cuando se privilegie “la estrategia sobre el populismo”.

Al hablar del rol del Ministerio Público, la magistrada explicó que es el garante del Estado de Derecho y funcionalmente independiente en sus actuaciones.

También, significó: “Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes”.

Dijo que esas funciones les fueron dadas en la Constitución de 2010.

Agregó que, de ahí, precisamente, se desprende que el modelo de gestión y dirección que el Ministerio Público implemente "incidirá indudablemente en la confianza que la sociedad le deposite al órgano".

La procuradora dijo que en el artículo 169, y sus párrafos, la Constitución dominicana define al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.